La Empresa Provincial de Energía de Córdoba es, para el Gobierno de Unión por Córdoba, el único lugar donde aceptó que hay que hacer un ajuste: el objetivo es reducir en casi 1.500 millones de pesos anuales el gasto. Entiende que, además de una urgencia productiva, hay una demanda social de acotar privilegios. Le pesa la evidencia de que, si no se aplican reformas, el precio de la energía escalará hasta niveles tan impopulares que podrían, incluso, afectar una elección.
El objetivo es que el gasto salarial en términos reales sea 20 por ciento menor. En 2017 abonó casi 6.504 millones de pesos en sueldos y para este año tiene todavía en suspenso el aumento salarial, que habitualmente se discute entre abril y mayo.
El torniquete al gasto salarial arrancó en abril, cuando el directorio puso en marcha cuatro resoluciones administrativas que frenan horas extras, licencias y viáticos; anunció el cierre de las cajas de cobranza y denunció 13 puntos del convenio colectivo ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba. Como en ese ámbito no se avanzó, modificó por ley provincial tres puntos: acotó la energía gratis que recibían los trabajadores y jubilados de la empresa; eliminó el aporte patronal al Fondo Compensador y desactivó la Bolsa de Trabajo, que priorizaba a familiares del personal para ingresar sin concurso.
Ante la Nación se denunció el convenio completo y se pidió tratar en sede nacional la suba paritaria. Todavía no se discutió el incremento 2018, que se hace entre abril y mayo. Epec busca economizar 500 millones por esta vía, un tercio del ahorro total. La discusión arranca el próximo miércoles.
El segundo tercio del ahorro viene de la pasividad anticipada; y el otro tercio, de una serie de medidas administrativas que se iniciaron el 9 de abril y que ya rinden frutos, al menos según las planillas que a diario pide mirar Juan Schiaretti. Según indicó Luis Giovine, presidente de Epec, el ahorro alcanza ya a 147,31 millones de pesos, desde el 13 de abril a junio.
La más significativa en términos de economía es la 81.086, que establece un circuito administrativo más ajustado para la autorización de horas extras: se trabajaron 167.578 horas extras en el trimestre, 34 por ciento menos que las permitidas en el mismo período de 2017. En plata, esas 85.898 horas menos autorizadas reportaron 60,5 millones de pesos de ahorro, ya que Epec paga en promedio 704 pesos la hora adicional.
Lo curioso es que el 20 por ciento del trabajo en Epec funciona a fuerza de horas extras: la excepcionalidad está incorporada de manera natural y hay trabajadores para los que ese adicional representa un 30 por ciento más de salario, que se cobra todos los meses sin variantes y con resistencia absoluta a que ingrese otro turno. El capítulo horas extras es, según las autoridades, donde más irregularidades encontraron.
Le siguen, en términos de plata, los efectos de la resolución 81.034 que corta lo que se denomina el “elencamiento”: cuando un trabajador sale de licencia, todos los que están debajo de su cargo “suben” un puesto; y si se enferma el reemplazante, toda la cadena asciende dos cargos, lo que termina con un fuerte impacto en el gasto de cobertura de licencias.
También se ajustaron los controles sobre los permisos gremiales, que la empresa cobra a las entidades sindicales: casi cinco millones de pesos se recuperaron por esa vía y se acentuó el foco en las licencias psiquiátricas.
Epec cuenta con un plantel de ocho psicólogos, pero no tenía psiquiatras, que es la profesión que valida la Justicia. El aviso de control tuvo efecto inmediato: de las 114 licencias que había en abril se bajó a 67 en junio. En viáticos se ahorraron 9,7 millones de pesos entre abril-junio respecto de 2017.
Además, está en marcha el Programa de Pasividad Anticipada, aunque la economía salarial será en el futuro. Hay hasta el momento 256 consultas: se aceptaron 65, se rechazaron cinco y 35 están en estudio. El resto no avanzó todavía en el trámite. El programa vence el 31 de diciembre y se les respetará a quienes se acojan las condiciones del convenio colectivo hoy vigente, y no el que surja luego de la discusión en Trabajo de la Nación.
Además, la Legislatura dispuso por ley tres cambios. Uno fue la baja del aporte patronal al Fondo Compensador (FC) que maneja Luz y Fuerza Córdoba: es el dos por ciento de la masa salarial que Epec dejó de pagar en junio y que, ese mes, representó 7,04 millones de pesos.
El Fondo se compone de ese dos por ciento de aporte de Epec más un aporte del trabajador, que va del 0,5 al 1,5 por ciento, según la antigüedad. El FC tiene por objeto cubrir el 82 por ciento de la jubilación de los extrabajadores de Epec si efectivamente no llegaran al 82 por ciento.
En el último balance del gremio, cerrado el 30 de junio de 2017, el FC recaudó 66 millones de pesos, de los cuales 6,23 fueron destinados a los jubilados. El resto se usó para otros fines, con la objeción incluso del Centro de Jubilados y Pensionados de Epec, que estudia la vía judicial para recuperar el remanente.
El segundo fue dejar gratis a cada activo o pasivo de Epec (son 6.300 beneficiarios) sólo 150 kilovatios por mes y, el excedente, cobrarlo a precio regular. El convenio establece 200 kilovatios liberados al mes y que, del excedente, el beneficiario paga sólo el 20 por ciento. Eso representó un costo de 119 millones de pesos en 2017, de los que la empresa pretende recortar 98 millones, el 82 por ciento. Los cambios empezaron a regir en junio y representan 8,1 millones mensuales.
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La Voz.-